Embargo de indemnizaciones por despido

1.º La resolución del problema suscitado en el presente dictamen plantea un presupuesto previo y que no es otro que la determinación de la naturaleza jurídica predicable de la indemnización por despido pues las consecuencias que desde el punto de vista recaudatorio dimanan de ello resultan trascendentales en la medida en que según se configure podremos determinar, por un lado, si es embargable y, por otro y de ser positiva la respuesta, la cuantía o límite concreto a la que ha de alcanzar tal medida ejecutiva.

Pues bien, sentado lo anterior, y delimitado el presupuesto del que ha de partir este dictamen, la primera hipótesis que hemos de plantearnos es la de si la indemnización por despido puede considerarse como «salario» y ello por cuanto su percepción deriva, en definitiva, de una relación de naturaleza laboral que une a trabajador y empresario. Sin embargo, tal extremo ha de rechazarse, y ello en la medida que la indemnización por despido no retribuye la prestación de servicios que el trabajador efectúa a favor del empresario sino que, muy al contrario, el derecho a su percepción surge, precisamente, como consecuencia de la extinción de la relación laboral. En tal sentido se pronuncia el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, el cual, tras definir en su párrafo primero el salario como «la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena…», añade en el apartado segundo que: «No tendrán la consideración de salario … las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos».

2.º Ahora bien, si la indemnización por despido no es salario, sin embargo, lo que no se puede desconocer es que, en la medida en que habilita al trabajador para exigir una determinada prestación al empresario, aparece como un derecho de crédito cuya titularidad ostenta el primero frente al segundo, si bien presenta unos perfiles concretos y determinados en la medida en que: su causa radica en la extinción de la propia relación laboral, pretendiéndose, por tanto, compensar al trabajador del quebranto y disminución patrimonial que le genera su extinción a instancias del empresario. Por tanto, y conforme a los parámetros antes señalados, la indemnización por despido no se configura como un derecho de crédito común u ordinario sino que, dado el fundamento en que se sustenta, tiene una naturaleza compensatoria de los perjuicios causados al trabajador por las circunstancias acontecidas en el devenir de la relación laboral, concretamente, por su extinción (particularmente injustificada si el despido se califica como improcedente).

No obstante lo anterior, y a los efectos de tratar de aportar algún elemento más al debate jurídico planteado, si bien es cierto que en la jurisprudencia del Tribunal Supremo no conceptúa en ningún momento a las indemnizaciones por despido como salario (lo que resultaría imposible dado el claro pronunciamiento legal sobre el particular), sin embargo sí las vincula a la previa prestación de servicios e incluso las llega a configurar como «salario en sentido amplio» o les atribuye «un carácter salarial» o de «crédito salarial» si bien, conviene precisar que dicho pronunciamiento se ha verificado a efectos de otorgar a las indemnizaciones por despido el privilegio reconocido a los salarios en el artículo 32 del E. T., pudiendo citarse en tal sentido el Auto de la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo de 4 de abril de 1994 («…único. Es criterio consolidado de esta Sala de Conflictos que las indemnizaciones por despido tienen carácter de créditos salariales, por lo que a ellas también les alcanza el privilegio que la legislación laboral, artículo 32 del Estatuto de los Trabajadores, concede a los trabajadores para el cobro de sus salarios, y así lo recogen las Resoluciones de 28 enero 1983, 24 enero 1986, 12 junio y 19 octubre 1987, 22 octubre 1991 y 27 junio 1992…»), o la STS de 19 de diciembre de 1987 («…pues como han resuelto los Autos de la Sala Especial de Conflictos de competencia entre la jurisdicción civil y la laboral, de este Tribunal, de 12 de junio y de 19 de octubre del corriente año (sic) hay que estimar que tanto los llamados salarios de tramitación como las indemnizaciones derivadas de la condena consecuente a la declaración de despido improcedente han de considerarse, a efectos de las garantías que el artículo 32 del Estatuto de los Trabajadores reconoce al salario, como conceptos sustitutivos del mismo y, por tanto, como salario en sentido amplio, sin que se oponga a esta apreciación lo dispuesto en el artículo 26.2 del mismo Estatuto en que funda su impugnación al recurso la parte recurrida, pues, como dice el primero de los dos autos calendados, no se trata, en el tema planteado, de perfilar el concepto de salario, en sentido estricto, frente a otras percepciones y retribuciones que pueda recibir el trabajador como consecuencia del trabajo que presta por cuenta ajena…»).

3.º Pues bien sentado lo anterior, y conectando lo dicho con el concreto problema planteado, el artículo 131 de la LGT se ocupa de fijar en su párrafo segundo los bienes y derechos susceptibles de embargo así como el orden que ha de seguir la traba, estableciendo, concretamente, lo siguiente:

«2. En el embargo se guardará el orden siguiente: a) Dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito. b) Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo. c) Sueldos, salarios y pensiones. d) Bienes inmuebles. e) Establecimientos mercantiles o industriales. f) Metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades. g) Frutos y rentas de toda especie. h) Bienes muebles y somovientes. i) Créditos, derechos y valores realizables a largo plazo.

Dicho orden en el embargo se completa con lo dispuesto en el párrafo cuarto del precepto al declarar la inembargabilidad de determinados bienes, disponiendo concretamente lo siguiente: 4. No se embargarán los bienes o derechos declarados inembargables con carácter general por las Leyes ni aquellos de cuya realización se presuma que resultaría fruto insuficiente para la cobertura del coste de dicha realización».

Estos principios recogidos en la LGT se complementan con lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación de cuyos preceptos interesa traer aquí a colación particularmente el artículo 114 en cuanto especifica y aclara los bienes inembargables abarcando: «b) Los exceptuados de traba con carácter general por las leyes procesales u otras».

Con arreglo a dichos parámetros, y relacionándolo con el supuesto concreto sometido a consideración, la indemnización por despido será susceptible de embargo o traba en la medida en que no existe disposición legal que la excluya de tal afección (esto es, que declare su inembargabilidad), y ello por resultar subsumible en la letra b) del artículo 131 de la LGT en la medida en que, si bien es cierto que no es sueldo o salario, sin embargo, puesto que permite al trabajador (acreedor) exigir una determinada prestación pecuniaria al empresario (deudor), se configura como un derecho de crédito a favor del primero y, además, realizable a corto plazo en los términos que especifica el párrafo segundo del artículo 113 del Reglamento General de Recaudación (y ello dado el tenor literal de la comunicación remitida por la empresa para la que prestaba servicios el trabajador, deudor tributario), no resultando de aplicación los límites a la traba previstos en el artículo 123 del RGR para el caso de embargo de «sueldos, salarios y pensiones», y ello porque el citado precepto menciona expresa y nominativamente a las categorías señaladas (no refiriéndose, por tanto, a otras percepciones que el trabajador pudiere percibir como consecuencia de su relación laboral entre las que podríamos incluir las indemnizaciones o incluso los suplidos) en las que con arreglo a lo ya expuesto no se puede encuadrar «la indemnización por despido» que, si bien es cierto que la jurisprudencia califica en algunos pronunciamientos como «crédito salarial o salario en sentido amplio», sin embargo, ello no lo es con carácter general sino solo a determinados efectos (concretamente a los derivados de los privilegios y garantías que les resultarían de aplicación por tal conceptuación), y sin que, por tanto, tales resoluciones supongan equiparar «la indemnización por despido» al «salario» lo que además expresamente excluye el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores, circunstancias todas ellas que determinan la imposibilidad de aplicar al embargo de la indemnización por despido las previsiones expresamente previstas para «los salarios, sueldo y pensiones» en el artículo 123 del RGR (lo que, además, y de admitirse tal hipótesis, podría tener una eficacia práctica limitada en la medida en que, de considerarse aplicable los límites previstos en el precepto, habría de jugar igualmente la acumulación prevista en el párrafo segundo, dado que la equiparación habría de ser a todos los efectos).

4.º Excluida la aplicación de lo dispuesto en el artículo 123 del RGR en relación con el embargo de una indemnización por despido y determinada su conceptuación como derecho de crédito realizable a corto plazo a los efectos de su traba, la instrumentación procesal de la diligencia de embargo habrá de verificarse con arreglo a su naturaleza, es decir, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 122.1.a) del RGR.

REFERENCIA: 124230-EMBARGO DE SUELDOS: RENTAS EXENTAS ¿Se pueden embargar rentas exentas exceptuadas de gravámenes como embargo de sueldos y salarios?

RESPUESTA: Dependerá de la naturaleza de la renta. Si la cantidad percibida es asimilable a un sueldo, salario o pensión, la misma será embargable con los límites previstos en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con independencia de que dicha cantidad esté exenta de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Si por el contrario, la referida cantidad debe calificarse como indemnización, premio u otro tipo de prestación a favor del obligado al pago, la misma será igualmente embargable, con independencia de su carácter exento, y sin que sea procedente la aplicación de los límites del artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para el embargo de sueldos, salarios o pensiones.

El número 5 del artículo 607 de la LEC indica que si los salarios, sueldos, pensiones o retribuciones están gravados con descuentos permanentes o transitorios de carácter público, en razón de la legislación fiscal, tributaria o de Seguridad Social, la cantidad líquida que perciba el ejecutado, deducidos éstos, será la que sirva de tipo para regular el embargo. El importe íntegro de las percepciones que en concepto de sueldo, salario o pensión se satisfagan al obligado al pago al que se refiere la diligencia de embargo será, esencialmente, la suma de los siguientes conceptos:

-Sueldos y salarios; definidos de acuerdo con el artículo 26 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (en adelante TRLET) como la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los períodos de descanso computables como trabajo. Se incluye dentro de este concepto, por tanto, las retribuciones en especie, si bien no pueden superar el 30 % de las percepciones salariales totales.

-Las gratificaciones extraordinarias señaladas en el artículo 31 del citado Texto Refundido (pagas extras).

-Las remuneraciones que por el desempeño de sus funciones estatutarias reciban los administradores y consejeros de administración o similares de entidades.

-Las pensiones y haberes percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y de clases pasivas y demás prestaciones económicas por situaciones de incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad, orfandad o similares.

-Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de mutualidades generales obligatorias de funcionarios, colegios de huérfanos y demás entidades similares.

-Las prestaciones por desempleo en virtud de lo establecido en el artículo 40.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

-Las pensiones por alimentos percibidas de acuerdo a lo establecido en el artículo 142 del Código Civil y normas análogas de Derecho Civil foral o especial allí donde existan.

-Conviene resaltar que no formarán parte del importe íntegro del concepto sueldo, salario o pensión y podrán ser objeto de embargo sin ningún tipo de límite:

• Las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral, entre las que cabe citar las dietas.

• Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.

• Las primas de asistencia a juntas y en general aquellas contraprestaciones que estén asociadas a la participación en el capital de entidades. La cantidad líquida será la resultante de descontar del importe íntegro de las percepciones que tengan la naturaleza de sueldo, salario o pensión los siguientes importes:

- Cotizaciones a la Seguridad Social por cuenta del trabajador o a mutualidades obligatorias de funcionarios.

-Detracciones por derechos pasivos.

• Retenciones e ingresos a cuenta practicados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

• Retenciones e ingresos a cuenta practicados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de No Residentes. No se tomarán en cuenta para minorar el importe líquido a los efectos de calcular la cantidad líquida:

• Los descuentos de carácter temporal practicados por la empresa que traigan causa en anticipos recibidos por el obligado tributario.

• Los descuentos practicados a cuenta del aplazamiento en el pago de deudas. Determinación del Importe a Embargar Determinado el importe líquido a percibir a que se refiere el artículo 607.5 de la LEC, el cálculo de la cantidad embargable resulta de la aplicación de lo previsto en el número 1 y de la escala recogida en el número 2 de este mismo artículo. La aplicación de estas normas tiene por finalidad preservar un mínimo vital de subsistencia. La escala es la siguiente:

• La primera cuantía del S.M.I. es inembargable.

• Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el doble del S.M.I., es embargable el 30 %

• Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer S.M.I., es embargable el 50 %.

• Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto S.M.I., es embargable el 60 %.

• Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto S.M.I., es embargable el 75%.

• Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, es embargable el 90 %.

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